"No obligamos al intendente a que esté en el Pacto Social. Si quieren renunciar y estar fuera, bienvenido". Esa invitación del gobernador, José Alperovich, al jefe municipal capitalino, Domingo Amaya, puso nuevamente en el centro de la atención al acuerdo financiero entre las ciudades y la Provincia. Hace 10 días, ambos protagonizaron un cortocircuito político por el supuesto retraso en el envío de fondos para el pago a funcionarios y concejales. "Yo no quiero, ni tengo intenciones, de salir del Pacto Social", respondió Amaya con apuro a las pocas horas de la irónica provocación de la Casa de Gobierno. Esa misma frase podrían repetir otros intendentes de la provincia.
Si bien algunos reconocen que sus recursos les permitirían despegarse de la tutela de la Provincia, advierten por lo bajo que no es políticamente conveniente. De hecho, otros prefieren descartar de plano esa posibilidad. El llamado Pacto Social es suscrito cada año entre municipios y el Ejecutivo provincial y tiene como objetivos mantener la "paz social" mediante el pago de los salarios y garantizar los fondos para la concreción de pequeñas obras públicas. A cambio, las ciudades ceden el dinero de la coparticipación de impuestos federales.
"Concepción tiene una posición con la que puede salir, pero el Pacto Social es una cuestión de arreglos políticos también", se sinceró el alperovichista Osvaldo Morelli. El intendente dijo que durante los últimos tiempos, la "Perla del Sur" resurgió económicamente. Por otro lado, reconoció que se logró mantener el ritmo de obras públicas porque destinan recursos municipales. "Hay apoyo de la Provincia, pero mientras tanto voy sacando los trabajos con dinero propio", consignó. Daniel Toledo fue más tajante y consideró que salir del convenio sería perjudicar a los más de 100.000 habitantes de su jurisdicción. "Para Yerba Buena no es conveniente salir. Económicamente no es posible, hay que tener en cuenta y entender que tantos años de crisis en el país no se pueden solucionar en cuatro ni en 10 años. Los niveles de endeudamiento que tenían los municipios antes del gobierno de Néstor Kirchner eran alarmantes", justificó. Afirmó que, de no estar vigente la herramienta, durante este año sólo podrían haber pagado los sueldos. "Nos tendríamos que haber olvidado de las obras públicas. Se nos complicaría muchísimo", estimó el oficialista. Agustín Fernández, de Aguilares, explicó que sólo podrían manejarse de manera autónoma a largo plazo y con el acompañamiento de la Provincia. "Ahora no se puede salir, pero si se planifica en los próximos años puede ser. Siempre trabajando con el Gobierno y poniéndonos metas", expresó. Recalcó que están emprendiendo numerosas obras de vivienda y urbanización. Sin embargo, reconoció que mermó el ritmo de pavimentación.
"La situación no nos está permitiendo encarar este año como los anteriores", evaluó por su lado Luis Campos, de Alberdi. Para el alperovichista es "imposible" no sumarse al Pacto Social. "Soy un agradecido de estar y de defenderlo", subrayó. Adelantó que ya están estudiando cómo será el del año próximo. "El de este estuvo congelado (con respecto al del año anterior). Queremos ver la posibilidad de ajustarlo para que se adecue al incremento (salarial), que nos dejó complicados", explicó el intendente.
En contraposición, Jorge Manuel Yapura Astorga (Tafí del Valle) aseveró que no sólo pretenden salir del Pacto Social, sino que gestionarán el cambio de categoría del municipio o que sea declarado turístico. "La coparticipación debería estar alcanzando (para autofinanciarse). Pero no deja de ser una ventaja tener los salarios asegurados", valoró. Aclaró que requieren más dinero para afrontar las necesidades turísticas, al recibir tantos visitantes. "Seguir así es imposible", concluyó.